Muchos padres no admiten que a sus hijos, aún
cometiendo faltas muy graves, se les aplique la normativa, a pesar de estar
respaldada por los respectivos decretos de las distintas comunidades
autónomas y de que las normas de conducta o convivencia hayan sido elaboradas
con la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa y
aprobada por los consejos escolares. Para estos padres cualquier límite o
sanción que se quiera imponer a sus hijos es percibido como una afrenta y están
dispuestos a no consentir que sus hijos sean recriminados o cumplan una sanción
merecida, llegando incluso a la denuncia.
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Si bien estos padres no constituyen una mayoría,
ponen en evidencia un fenómeno preocupante. Tampoco el resto de padres apoya
explícitamente la adopción de normas necesarias a no ser que sean sus propios
hijos los que están sufriendo las consecuencias de las actuaciones de estos
alumnos.
Estas situaciones pueden incluso dar lugar a
denuncias infundadas ante el juzgado. Cuando existe de por medio una denuncia,
estas se dilatan en el tiempo, por la propia naturaleza del procedimiento
judicial o administrativo. Y aunque salga absuelto, después del proceso
judicial, o incluso aunque no se llegue a incoar expediente, nadie le puede
quitar esos días de angustia; cuando a los padres les ha salido “gratis”.
¿Qué sucede cuando se demuestra que la denuncia y
las acusaciones que se hacen al docente no se sostienen? Nada. Los padres no
reciben ninguna reconvención ni sanción que les enfrente a la irresponsabilidad
de sus actos. Bueno sería dejar reflejado como una norma más del centro la
posibilidad de que desde el Consejo escolar se lleve a cabo también una
reconvención de estas actitudes de los padres contrarias a la convivencia.
Inmaculada Suárez
Valdés
Memoria Estatal
del Defensor del Profesor. Curso 2012-2013
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